Ley 11/2018 y Estándar GRI: ¿Qué deben saber las empresas sobre sus obligaciones y buenas prácticas?

Hoy en día, la sostenibilidad y la transparencia se han convertido en elementos fundamentales de la gestión empresarial. Las organizaciones, además de responder a los retos propios de su actividad económica, deben rendir cuentas sobre su desempeño ambiental, social y de gobernanza. En este contexto, la Ley 11/2018 y el Estándar GRI (Global Reporting Initiative) se han posicionado como referentes clave para guiar a las empresas en la elaboración de reportes de sostenibilidad o información no financiera.

La Ley 11/2018, que adapta al ordenamiento jurídico español la Directiva Europea 2014/95/UE, obliga a grandes empresas y grupos consolidados a elaborar y publicar un Estado de Información No Financiera (EINF). Este reporte debe incluir información detallada sobre: 

• Gestión ambiental. 

• Condiciones laborales. 

• Respeto a los derechos humanos. 

• Lucha contra la corrupción. 

• Políticas de gobierno corporativo. 

Adicionalmente, a partir del 1 de enero de 2025, esta ley establece la obligación de calcular y reportar la huella de carbono, reforzando así el compromiso empresarial con la acción climática. Esta exigencia ha sido precisada mediante la modificación del Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, que regula el Registro de Huella de Carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. 

Por su parte, el Estándar GRI se ha consolidado como la principal referencia internacional para la elaboración de informes de sostenibilidad. Aunque la adopción del estándar es voluntaria, diversas organizaciones lo utilizan por su estructura clara, detallada y alineada con las expectativas de los mercados internacionales, inversores y demás grupos de interés. 

Además, los contenidos propuestos por GRI se alinean en gran medida con los requisitos que exige la Ley 11/2018, por lo que adoptar este estándar facilita a las empresas el cumplimiento de sus obligaciones legales, permitiéndoles incluso superar los mínimos exigidos. 

Para las empresas, entender la relación entre la Ley 11/2018 y el Estándar GRI es clave para definir su estrategia de reporte. Mientras que la ley responde a una exigencia legal concreta, GRI representa una oportunidad para fortalecer la confianza con los grupos de interés, acceder a mercados más exigentes, y posicionarse como líderes en sostenibilidad. En definitiva, la combinación de ambos marcos permite a las empresas no solo cumplir con las obligaciones legales, sino también mejorar la calidad, profundidad y utilidad de la información que ofrecen al mercado y a la sociedad. Así, las organizaciones no solo rinden cuentas, sino que muestran su compromiso real con el desarrollo sostenible, la ética y la responsabilidad corporativa. 

Más allá del cumplimiento, una oportunidad para liderar 

La combinación de la Ley 11/2018 y el Estándar GRI ofrece a las empresas una oportunidad única (especialmente a las empresas españolas) no solo a cumplir con sus obligaciones legales en materia de sostenibilidad y transparencia, sino también para fortalecer la calidad y divulgación de la información que comunican a sus grupos de interés. 

Referencias 

Global Reporting Initiative. (2021). GRI Standards. https://www.globalreporting.org/standards/ 

Gobierno de España. Ley 11/2018 https://www.boe.es/eli/es/l/2018/12/28/11 

Gobierno de España. (2014). Real Decreto 163/2014 https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/03/14/163